Sube tensión por tarifas de Transbank: Suprema solicita informes a ministros del TDLC tras arremetida de la FNE

Una nueva pugna entre autoridades está generando el esquema de tarifas de Transbank. Los ministros Nicolás Rojas, Daniela Gorab y María de la Luz Domper, que componen el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) deberán entregar una serie de antecedentes a la Corte Suprema, luego que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentara un recurso de queja.

Esto sucedió después que el TDLC decidió en noviembre acoger -en parte- las pretensiones de Transbank y remitir los antecedentes del caso a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para que este organismo público zanje la fórmula definitiva de cobros de la empresa.

De acuerdo a los documentos expuestos de la causa, los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Diego Simpertigue; y los abogados integrantes Ricardo Alcalde y Pedro Águila, decidieron que “sin perjuicio de lo que se resuelva en su oportunidad sobre la admisibilidad del recurso”, los ministros del TDLC deben remitir los antecedentes del caso en un plazo de ocho días hábiles.

El recurso de queja presentado por la FNE fue puesto en conocimiento ante la Corte Suprema el 15 de noviembre. En la acción, la Fiscalía criticó que los ministros del TDLC  “han incurrido en una serie de faltas o abusos graves”. 

El organismo consideró que los ministros en cuestión desconocieron la sentencia de la Corte Suprema y que declinó “el ejercicio de su potestad de imperio contraviniendo sus deberes constitucionales y legales”. 

Esto habría quedado a juicio del persecutor económico al remitir el caso a la CMF “ignorando las facultades que caben su judicatura y a la FNE para la ejecución de resoluciones en materia de competencia”. 

La FNE señaló que la resolución del TDLC “afecta las garantías de tutela judicial efectiva, economía procesal y certeza jurídica del debido proceso, renunciando a la protección efectiva y oportuna de la libre competencia”.

Los intentos de regulación

La Fiscalía hizo ver a la Suprema que previamente se planteó al TDLC a través de un análisis técnico que las tarifas que debía cobrar Transbank a sus comercios era de un merchant discount único de 0,4%. Este esquema fue rechazado por la compañía en una primera instancia y luego el Tribunal había dado un plazo de 15 días hábiles en octubre para su aplicación. 

A comienzos de noviembre, Transbank ingresó un recurso con el que consiguió finalmente revertir la decisión del TDLC y que los antecedentes para zanjar el esquema tarifario fueran enviados a la CMF.  

Bajo este contexto, la FNE indicó que “intentó hacer cumplir, sin que el TDLC diera lugar a ello”. 

Mencionaron que el fallo de la Corte se trata de “una orden clara: la empresa debe aplicar, en forma inmediata, un sistema tarifario que sea acorde a la libre competencia en los términos que la misma sentencia” y que “cualquier otro entendimiento involucra la persistencia de Transbank en un sistema tarifario que en dos oportunidades ha sido declarado por la Corte Suprema como contrario a la libre competencia. Sin embargo, los ministros desconocieron dicho carácter obligatorio al acoger el recurso de reposición de Transbank”.

La FNE sostuvo que “la CMF no ha llevado a cabo ninguna acción destinada al cumplimiento de lo ordenado por la Corte”.

Reuniones con el regulador

Mientras en la justicia se busca un camino para encontrar una solución legal al esquema de tarifas de Transbank, la CMF recibió a algunos actores de la industria de medios de pago para abordar la situación.

Hace unas semanas, llegaron hasta las oficinas del regulador el gerente legal de Transbank, Jose Miguel Bellagamba, y el gerente de marketing y estrategia de la firma, Ricardo Blumel, para reunirse con la presidenta de la CMF, Solange Bernstein. 

Según los registros de Ley de Lobby, en la cita se abordaron “los últimos sucesos en proceso del sistema tarifario de Transbank y que pudieran impactar en la cadena de pagos y en la estabilidad del sistema financiero”.

Por el lado de la CMF, acompañaron a Berstein, el director general de Supervisión Prudencial, Osvaldo Adasme; el director general de Regulación Prudencial, Luis Figueroa; y el director general jurídico, José Antonio Gaspar. 

Similar materia abordaron el country manager de Visa, Francisco Valdivia; el government relations director, Alejandro Hansen; y el director government engagement, Mauro Williams, con Berstein. 

La cita se concretó el jueves de la semana pasada en donde hicieron ver su “preocupación en cuanto a la situación regulatoria del ecosistema de medios de pagos electrónicos, y algunos aspectos puntuales que nos generan incertidumbre”.